“Se vaticinan cifras sin precedentes”


El empleo es sin duda una de las áreas que más afectadas van a estar por esta crisis del coronavirus. Y las previsiones no son nada optimistas. Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han denunciado este jueves que se han producido en torno a un millón de despidos individuales por la crisis del coronavirus y el cierre de actividades decretado en el estado de alarma y han pedido al Gobierno que los “dificulte” porque hay empresas que no están recurriendo a la alternativa que se ha ofrecido: los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs).

En una rueda de prensa telemática, los dirigentes sindicales han planteado varias fórmulas para evitar que se produzcan despidos: una moratoria a la italiana (el país alpino ha prohibido despedir durante dos meses); elevar la indemnización a 45 días por año trabajado, con un mínimo de un salario mínimo interprofesional (SMI), y condicionar las ayudas y subvenciones que se han establecido para las empresas (por ejemplo los avales para proporcionarles liquidez) a que no despidan trabajadores.

Los líderes de CC OO y UGT han vaticinado cifras “astronómicas” y “sin precedentes” para la primera mitad del año en lo referente a ERTEs (creen que se superará “ampliamente” el millón de afectados) y rescisiones de contratos. “Se siguen dando despidos por cientos de miles y es probable que en marzo nos acerquemos al millón de contratos extinguidos, con un porcentaje altísimo de temporales que se han ido a la calle”, ha denunciado Sordo.

De hecho, del millón de despidos que calcula que se han realizado en las últimas semanas, tres cuartas partes corresponden a contratos temporales que se han rescindido, según Sordo. “La protección a las personas es el elemento clave. Estamos desilusionados y sorprendidos por la cantidad de despidos que hay en España. No son necesarios. Hemos tomado medidas para que no los usen, pero se están utilizando de manera permanente (…) Me parece una infamia”, ha añadido Álvarez.

Controles a los ERTEs

Asimismo, dada la agilidad que se ha buscado para sacar adelante estos procedimientos, Sordo y Álvarez han reclamado al Gobierno fórmulas para cotejar a posteriori que realmente se cumplen las causas a las que se han acogido las empresas para recurrir a estos ERTEs.

“Agilidad sí, pero también control. Sabemos que en cinco días es imposible resolver ciento y pico mil ERTEs. Sabemos que se está valorando el silencio administrativo, pero eso no puede hacer que valga todo”, han advertido.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en rueda de prensa para informar sobre la respuesta económica ante el impacto del coronavirus.

En este sentido, los secretarios generales de CC OO y UGT han subrayado que, aunque la regulación sobre ERTEs que se ha puesto en marcha “salvará cientos de miles de empleos en España“, no se pueden permitir “picarescas” a las empresas. Por ello, los sindicatos se han ofrecido para intervenir en los procedimientos de control.

Al mismo tiempo, han pedido a las empresas con mayor “músculo financiero” que no recurran a ERTEs de fuerza mayor, sino que se acojan a causas técnicas, organizativas o de producción y procuren que los trabajadores afectados cobren el 100% de su salario.

Más ayudas económicas

Para los sindicatos, las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus están “bien orientadas”, pero son “netamente insuficientes”, pues ha dejado fuera a algunos colectivos vulnerables que necesitan protección.

De este modo, han reclamado que los trabajadores que hayan agotado la protección por desempleo o la vayan a agotar puedan seguir cobrando la prestación o el subsidio, dependiendo del caso; que las empleadas del hogar, que no tienen derecho a cobrar el paro, puedan percibir también una prestación. 

Añaden además que los temporales que hayan sido despedidos y no cumplan el periodo de carencia puedan cobrar también prestación, y que se establezca un permiso retribuido para los padres que han tenido que reducir su jornada para atender a menores o personas dependientes a su cargo.



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